Desde que Morena llegó al poder en 2018, el discurso oficial sobre los pueblos indígenas cambió de manera significativa. La Cuarta Transformación ha impulsado el reconocimiento constitucional de sus derechos, programas de apoyo directo y una nueva narrativa sobre la Conquista y la resistencia de las comunidades originarias.
Sin embargo, detrás de los cambios legales y simbólicos persisten profundas desigualdades en pobreza, salud, educación y seguridad que ponen en entredicho el alcance de esa reivindicación.
El 12 de octubre es uno de los principales símbolos de esta transformación discursiva, la conmemoración conocida durante décadas como Día de la Raza dio paso, en 2020, a la denominación de Día de la Nación Pluricultural, con el propósito de reconocer la diversidad cultural de México y dejar atrás una visión centrada en el descubrimiento de América y el mestizaje.
Desde entonces, los gobiernos de Morena han colocado a los pueblos indígenas y afromexicanos en el centro de su discurso histórico, al presentarlos como parte fundamental de la identidad nacional y reconocer las injusticias cometidas contra ellos durante siglos.
No obstante, la pregunta es si este reconocimiento se ha traducido en mejores condiciones de vida o si la reivindicación permanece, en buena medida, en el terreno político y jurídico.
Uno de los principales avances de la 4T fue la reforma al artículo 2 de la Constitución, publicada en septiembre de 2024, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La modificación busca fortalecer su capacidad para decidir sobre sus formas de organización, administrar recursos y ejercer sus derechos colectivos, a ello se suman los Planes de Justicia, las acciones de restitución territorial y los recursos destinados directamente a las comunidades mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).
El modelo plantea que las propias comunidades determinen, mediante asambleas, las obras prioritarias para atender necesidades de infraestructura y servicios básicos.
El gobierno también ha destacado proyectos de caminos artesanales, apoyos sociales y acciones para la restitución de tierras como parte de una política que pretende corregir décadas de exclusión.
Sin embargo, el reconocimiento constitucional y la asignación de recursos no garantizan, por sí solos, que todas las comunidades tengan acceso efectivo a servicios públicos, oportunidades económicas y condiciones de seguridad.
Las cifras incluidas en los datos de pobreza para el periodo 2018-2024 muestran avances que deben considerarse en el balance de la política social.
De acuerdo con los datos citados para la población indígena, la proporción de personas en situación de pobreza disminuyó de 70.3 % en 2018 a 60.8 % en 2024; la reducción representa 9.5 puntos porcentuales y significa que cientos de miles de personas mejoraron sus condiciones económicas.
También se reportó un incremento en los ingresos trimestrales de las personas hablantes de una lengua indígena, que pasaron de 8,369 a 17,063 pesos en el periodo referido.
Estos resultados apuntan a una mejora en los ingresos de los hogares, en un contexto en el que los programas sociales y las transferencias monetarias han adquirido mayor peso en la política pública.
Pero el panorama cambia cuando se comparan esos avances con las condiciones del resto de la población.
Con base en las cifras proporcionadas, mientras la pobreza nacional se ubicó alrededor de 29.6 % en 2024, entre la población indígena alcanzó 60.8 %, es decir, la proporción de personas indígenas en pobreza fue más del doble del promedio nacional.
La desigualdad también presenta diferencias regionales; Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz concentran comunidades que históricamente han enfrentado rezagos en infraestructura, servicios básicos y oportunidades laborales.
Por ello, aunque la reducción de la pobreza constituye un avance, las cifras muestran que los beneficios no han sido suficientes para cerrar la distancia entre los pueblos originarios y el resto del país.
La desigualdad también se refleja en el acceso a derechos fundamentales
En materia de salud, las comunidades indígenas enfrentan dificultades relacionadas con la distancia a los centros médicos, la falta de personal, el desabasto de medicamentos y las barreras lingüísticas y culturales que complican la atención.
Los datos citados sobre la carencia de acceso a servicios de salud entre niñas, niños y adolescentes indígenas advierten que la brecha respecto de la población no indígena se amplió entre 2016 y 2024, este indicador plantea un contraste con el discurso de universalización de los derechos sociales.
En educación, el rezago continúa siendo otro de los principales obstáculos para la igualdad de oportunidades. Las estimaciones presentadas sitúan el rezago educativo de la población indígena alrededor de 36 %, frente a poco más de 10 % del promedio general.
El analfabetismo afecta de manera particular a las mujeres indígenas, quienes enfrentan desventajas acumuladas por razones económicas, territoriales, culturales y de género.
Estas condiciones tienen consecuencias que van más allá de las estadísticas: limitan las posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados, continuar los estudios y romper los ciclos de pobreza entre generaciones.
La preservación de las lenguas originarias y el reconocimiento de la diversidad cultural son parte de la reivindicación, pero el reto consiste en garantizar que hablar una lengua indígena no represente una desventaja para recibir atención médica, estudiar o acceder a la justicia.
Otro de los contrastes entre el discurso oficial y la realidad se encuentra en la protección de los territorios indígenas.
En distintas regiones de Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, comunidades originarias enfrentan problemas relacionados con la violencia criminal, la tala ilegal, la explotación de recursos naturales y las disputas territoriales.
Los conflictos pueden involucrar a grupos del crimen organizado, intereses económicos, proyectos de infraestructura y actividades extractivas que afectan los recursos y las formas de vida de las comunidades.
A ello se suman las amenazas contra defensores del territorio, los desplazamientos forzados y los asesinatos de personas que participan en la defensa de los bienes comunales.
La restitución de tierras anunciada por el gobierno constituye un paso relevante para las comunidades beneficiadas, pero no resuelve automáticamente los problemas de seguridad ni garantiza que sus habitantes puedan permanecer en sus territorios sin amenazas.
La reivindicación indígena implica no solamente reconocer el valor histórico de los pueblos originarios, sino también proteger su autonomía, sus recursos y su capacidad para decidir sobre el futuro de sus comunidades.
La política indígena de Morena tampoco está exenta de críticas por parte de organizaciones que reivindican la autonomía y la autodeterminación.
El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han cuestionado distintas políticas gubernamentales al considerar que el reconocimiento institucional y los programas sociales no necesariamente modifican las relaciones de poder que históricamente han permitido el despojo territorial.
Entre sus principales preocupaciones se encuentran los megaproyectos, la explotación de recursos naturales y la posibilidad de que las decisiones económicas se impongan sobre las formas de organización comunitaria.
Las controversias en torno a las iniciativas para regular los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos también han puesto sobre la mesa la importancia de garantizar consultas previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas.
Para estas organizaciones, la autonomía no se limita a recibir recursos públicos: implica tener capacidad efectiva para decidir sobre el territorio, los recursos naturales, la organización política y el desarrollo de sus comunidades.
Estas críticas evidencian que no existe una sola posición entre los pueblos originarios frente a la 4T. Mientras algunos reconocen beneficios derivados de los programas sociales y las obras públicas, otros consideran insuficientes las medidas adoptadas y cuestionan la continuidad de proyectos que pueden afectar sus territorios.
