La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten a la violencia, el abuso o el acoso; la medida busca proteger principalmente a niñas, niños y adolescentes, luego del ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde una subdirectora fue asesinada y cuatro personas resultaron heridas.
El planteamiento abre, sin embargo, una paradoja (o parajoda) que no puede ignorarse: mientras el Gobierno pretende limitar la violencia que circula en las pantallas, México continúa enfrentando una realidad marcada por homicidios, balaceras, desapariciones, extorsiones y disputas entre grupos criminales.
Es decir, se busca controlar la imagen de la violencia mientras miles de familias siguen padeciendo sus consecuencias en persona, directamente.
Los datos oficiales muestran una reducción importante en los homicidios durante los últimos meses, pero la crisis de inseguridad no puede medirse únicamente con ese indicador.
Las desapariciones continúan siendo uno de los mayores pendientes, mientras colectivos de búsqueda recorren el país en busca de familiares y miles de cuerpos permanecen sin ser identificados.
Por ello, la regulación de contenidos violentos puede ser necesaria, particularmente cuando las redes sociales son utilizadas para promover conductas criminales, acosar, amenazar o radicalizar a menores.
El problema aparece cuando una medida de este tipo pretende presentarse como parte central de la solución a una violencia cuyas causas son mucho más profundas.
Limitar un video violento no desaparece una organización criminal, retirar una publicación no evita una ejecución y cerrar una cuenta no devuelve a una persona desaparecida a su familia.
Tampoco puede permitirse que una regulación ambigua termine afectando la libertad de expresión, el periodismo o la difusión de información de interés público.
El verdadero desafío está fuera de las pantallas: México necesita instituciones capaces de investigar y castigar los delitos, combatir la impunidad, recuperar territorios controlados por grupos criminales y atender la crisis de desapariciones; las redes pueden amplificar la violencia, pero no son su origen.
La paradoja, entonces, es evidente: mientras se intenta limpiar los contenidos que aparecen en el teléfono, la violencia continúa ocupando las calles y las páginas de los medios de comunicación.
Regular las plataformas puede ser parte de la respuesta, pero difícilmente será suficiente si no está acompañado de resultados concretos frente a los balazos, los muertos y los desaparecidos.
Porque tapar el sol con un dedo puede ocultar momentáneamente una pantalla, pero no cambia la realidad que millones de mexicanos enfrentan todos los días.
