Los postes con botón de pánico anunciados por el alcalde José Chedraui como una “nueva” herramienta para reforzar la seguridad en la capital poblana no representan una estrategia inédita; desde hace varios trienios, distintas administraciones han recurrido a botones de emergencia, cámaras y sistemas de alertamiento con resultados desiguales y, por supuesto, con problemas de continuidad.
Puebla ya tiene antecedentes de mecanismos similares; desde 2008 se promovieron botones de emergencia para pequeños y medianos comercios como respuesta a los asaltos. El esquema enfrentó problemas después de los cambios de administración, debido a modificaciones en los sistemas de conexión y operación, por lo que algunos dispositivos terminaron sin funcionar y quedaron prácticamente como elementos decorativos.
Otro antecedente está en el transporte público, pues durante el gobierno de Antonio Gali Fayad se instalaron alrededor de 200 botones de pánico y cámaras en unidades de RUTA y rutas consideradas de alta incidencia delictiva, con una inversión cercana a 10 millones de pesos. La medida buscaba mejorar la capacidad de reacción ante asaltos y otros delitos.
En 2019, con el incremento de la tarifa del transporte público autorizado durante el gobierno de Miguel Barbosa, nuevamente se estableció para los concesionarios la obligación de contar con cámaras y botones conectados al sistema de seguridad; no obstante, años después el cumplimiento seguía siendo limitado.
En 2025, la Secretaría de Movilidad reconoció las deficiencias del esquema tras revisar más de 19,000 unidades, de las cuales apenas alrededor de 1,000 cumplían con los requisitos tecnológicos.
El diagnóstico evidenció que la instalación de estos mecanismos no había sido suficiente para garantizar su funcionamiento, debido a omisiones de concesionarios y a la falta de supervisión de administraciones anteriores.
La experiencia no significa que los botones de pánico sean inútiles, porque en restaurantes, comercios y algunas colonias de Puebla se han implementado dispositivos conectados con corporaciones policiales, y empresarios han reportado casos en los que permitieron mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.
También hay experiencias con alarmas vecinales, cámaras y botones de emergencia en distintas colonias, donde autoridades y vecinos han señalado reducciones en algunos delitos; sin embargo, estos resultados suelen ser focalizados y no hay una evaluación pública integral que permita determinar cuánto han contribuido estos dispositivos a disminuir la incidencia delictiva en el conjunto de la ciudad.
El principal problema que enfrenta el nuevo proyecto, por tanto, no es la tecnología, sino su continuidad, cambios de administración, sustitución de proveedores, modificaciones en protocolos, falta de mantenimiento y ausencia de indicadores públicos han provocado que programas anteriores pierdan efectividad con el paso del tiempo.
El reto para el (des)gobierno de Chedraui será demostrar que los postes inteligentes no correrán la misma suerte que otros mecanismos de alertamiento instalados en Puebla; más que presumir el número de dispositivos colocados, la administración deberá transparentar cuántas alertas generan, qué tiempo de respuesta tienen las autoridades, cuánto cuesta su mantenimiento y cuántos permanecen operativos después de uno, dos o tres años.
La experiencia de los últimos gobiernos deja una advertencia: un botón de pánico por sí solo no reduce la inseguridad si no hay coordinación policial, presupuesto para mantenimiento, supervisión y evaluación permanente.
