La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México revocó la autorización para recibir donativos de más de un centenar de organizaciones civiles no gubernamentales, alegando que no cumplían con los requisitos legales vigentes.
"Este fin de semana, el SAT canceló la autorización para recibir donativos deducibles a 113 organizaciones civiles. No es un trámite menor: es un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente", indicó la oficina mexicana de la organización en su cuenta de X.
???? Este fin de semana, el SAT canceló la autorización para recibir donativos deducibles a 113 organizaciones civiles.
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) March 23, 2026
No es un trámite menor: es un golpe directo a su capacidad de operar y apoyar a la gente.
Entre las entidades afectadas están el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Mexicanos Primero, México Evalúa, y otras decenas de ONGs.
Esta medida significa, en la práctica, menos recursos para la defensa de derechos humanos, el apoyo legal a víctimas, la atención a violencia de género, y la protección de territorios indígenas, enumera AI.
2/ ¿Qué significa en la práctica?
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) March 23, 2026
Menos recursos para:
– Defensa de derechos humanos
– Apoyo legal a víctimas
– Atención a violencia de género
– Protección de territorios indígenas
La denuncia sostiene que en este país norteamericano las organizaciones ya enfrentan cargas excesivas, entre las cuales señala: informes duplicados, requisitos reiterativos y controles previos sobre el uso de fondos, que tiene como consecuencia menos tiempo dedicado a la ayuda social y más tiempo en burocracia.
"A las organizaciones se les exige todo. Pero muchas instituciones públicas siguen sin transparentar cómo usan los recursos. Más control a quien vigila, menos a quien gasta", sostiene Amnistía.
Antes las medidas de fiscalización tributaria adoptadas, los activistas argumentan que la sociedad civil no es el problema, sino que es parte de la solución a los retos nacionales.
Entre las actividades que las redes de organizaciones civiles realizan están: documentar abusos, acompañar a víctimas, vigilar elecciones, e impulsar mejores leyes.
Asimismo, plantean que debilitar a las organizaciones ciudadanas es debilitar a toda la sociedad, y que el debate real no es entre "control versus libertad".
Amnistía sostiene que cuando las ONGs se debilitan, la corrupción y los abusos crecen, ante lo cual urgió a clarificar reglas justas.
"Sí a la transparencia, pero sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social. Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos", puntualiza AI.
8/ Urgente: reglas claras y justas.
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) March 23, 2026
Sí a la transparencia.
Pero sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social.
Un México más seguro y democrático necesita más sociedad civil, no menos.
Por su parte, el Imco aclaró que ha presentado en dos ocasiones la acreditación correspondiente ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y ante el SAT, y que actualmente se encuentra pendiente de resolución.
La organización independiente plantea mantener su estatus de asociación civil sin fines de lucro y continuar con sus investigaciones, análisis y propuestas de política pública, como lo ha hecho durante más de dos décadas.
Destacan que desde 2003 han cumplido puntualmente con todas sus obligaciones fiscales, incluidas declaraciones y reportes sobre donativos.
Otras organizaciones afectadas, como Mexicanos Primero y México Evalúa, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, también se encuentran a la espera de regularizar su estatus para continuar sus proyectos y análisis de políticas públicas, sobre educación, justicia y seguridad en el país norteamericano.
El SAT, dependencia de la secretaría de Hacienda del Gobierno federal, señala que casi 700 organizaciones no gubernamentales no presentaron en 2024 su declaración de transparencia, lo que resulta en la prohibición para recibir donativos deducibles.