Sector petrolero mexicano, entre la soberanía y una cadena de accidentes

Este 18 de marzo se conmemoran 88 años de la Expropiación Petrolera decretada por Lázaro Cárdenas en 1938, un hecho histórico que consolidó la soberanía de México sobre sus recursos energéticos.

En ese marco, el gobierno federal, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y en continuidad con la actual, ha insistido en el “rescate, modernización y fortalecimiento” del sector, con proyectos emblemáticos como la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco.

Sin embargo, una cadena de accidentes en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye incendios, explosiones y fugas, contrasta con ese discurso y ha dejado un saldo constante de víctimas.

El caso más reciente ocurrió la mañana de este martes 17 de marzo justo en la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, cuando alrededor de las 6:00 horas, un desborde de aguas aceitosas provocado por fuertes lluvias derivó en un incendio, con reportes de explosión, en la barda perimetral del área de almacenamiento de hidrocarburos.

Pemex informó que el siniestro fue controlado sin afectar instalaciones principales ni representar riesgo para la población; no obstante, confirmó la muerte de cinco personas: una trabajadora de la empresa productiva del Estado y cuatro empleados de una compañía externa, además, varias personas resultaron lesionadas y reciben atención médica.

Este incidente se suma a otros eventos recientes en la misma refinería; en enero de este año, se registró un conato de incendio por pérdida de contención en una línea de descarga, uno de al menos tres episodios similares en meses recientes.

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Los accidentes en Pemex no son hechos aislados, de acuerdo con reportes oficiales, en 2022 la empresa alcanzó su nivel más alto de incidentes en una década, la frecuencia aumentó 40 %, al pasar de 0.35 a 0.49 por millón de horas-hombre, mientras que la gravedad creció 44.7 %.

Desde 2019, el incremento acumulado en la frecuencia supera el 100 %; entre 2020 y 2021, durante el inicio del sexenio anterior, se documentaron múltiples fugas, explosiones e incendios en refinerías como Minatitlán, Salina Cruz, Cadereyta, Tula y Salamanca.

Algunos casos relevantes incluyen dos explosiones en Cadereyta en diciembre de 2020, que dejaron cinco heridos, así como al menos cuatro explosiones en Salina Cruz en enero de 2021.

En febrero de 2023, un incendio en la refinería de Minatitlán dejó al menos dos trabajadores muertos y tres lesionados. En paralelo, otro siniestro en el centro de almacenamiento de Tuzandepetl provocó la recuperación de dos cuerpos.

Más recientemente, entre 2024 y 2025, la refinería de Salina Cruz acumuló al menos cuatro incendios en menos de un año, incluido uno en agosto de 2025 en la caldera de la Planta Catalítica 2, además de otro incidente calificado como “trágico” en septiembre de 2024.

Pero los accidentes no se limitan a complejos en tierra, en el Golfo de México, plataformas marinas también han registrado eventos graves; en julio de 2023, un incendio en Nohoch-A dejó seis heridos y reportes iniciales de trabajadores desaparecidos.

En abril de 2024, una explosión en la plataforma Nohoch-Alfa / Akal-Bravo, en Cantarell, dejó un trabajador muerto y entre 9 y 13 lesionados. A estos se suma la explosión registrada en febrero de 2026 en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, en Oaxaca, durante labores de mantenimiento, con un saldo de tres personas fallecidas y varios heridos.

Estos eventos ocurren pese a las inversiones millonarias anunciadas para modernizar la infraestructura petrolera; analistas del sector energético y especialistas han señalado como causas recurrentes la falta de mantenimiento preventivo, el envejecimiento de instalaciones y las presiones operativas.

Por su parte, Pemex sostiene que en cada incidente se activan protocolos de seguridad, se llevan a cabo investigaciones de causa raíz y se garantiza que no existe riesgo para la población; no obstante, el saldo acumulado de muertos y lesionados en los últimos años, al considerar el conjunto de incidentes, suma ya centenas, lo que ha encendido alertas entre organizaciones sindicales, expertos y la opinión pública, quienes exigen mayor transparencia, inversión efectiva en mantenimiento y protocolos más estrictos.